Por Walter Rojas / El activista cuestiona la pertinencia de la Subsecretaría de Diversidad Sexual de la provincia de presentarse como una de las partes afectadas por el travesticidio de la joven. 

Una vez más un triste final se hizo carne en una de nuestras compañeras. Hace unos días despertábamos con la noticia del brutal crimen de Pamela Tabares.

Otro travesticidio, otra compañera que ya no está. El resultado de una cadena de exclusiones y abandono por parte del Estado municipal y provincial. Porque travesticidio no es solo el asesinato de Pamela, es la forma en la que fue vulnerabilizada por el Estado. Es la falta de respuesta integral a su imposibilidad de acceder a una vivienda, el no abordaje de su situación de consumo problemático.

La respuesta del estado siempre aparece como una formula calcada. Un subsidio aislado, reuniones luego abandonadas, parches para una foto, organismos que no responden y lo que es evidente, la falta de políticas públicas especificas.

Insisto en dejar algo muy en claro, el travesticidio siempre es un crimen social. No hay travesticidio solo cuando asesinan a nuestras compañeras, lo hay cuando no pueden acceder a la educación formal, cuando son expulsadas de las escuelas por su identidad y difícilmente llegan a la secundaria y a la universidad. Hay travesticidio cuando no pueden acceder al sistema de salud, cuando no hay profesionales formades con perspectiva de género y  diversidad, cuando no se cumple el art. 11 de la ley de identidad de género que garantiza la gratuidad en el acceso integral a la salud, cuando no pueden acceder a un trabajo formal, cuando no pueden acceder a una vivienda, cuando no pueden acceder a la justicia, cuando no son escuchadas, cuando no les toman las denuncias, cuando no las llaman por su nombre y no se respeta su identidad, y el listado crece en un enorme etcetera.

El travesticidio siempre es un crimen social. No hay travesticidio solo cuando asesinan a nuestras compañeras, lo hay cuando no pueden acceder a la educación formal, cuando son expulsadas de las escuelas por su identidad y difícilmente llegan a la secundaria y a la universidad.

El travesticidio no es una simple figura legal, es una problemática social que deja en evidencia la situación de vulnerabilización que sufren las compañeras. Y en consecuencia el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para  garantizar que esto no siga ocurriendo. Insisto, se requieren políticas en serio, no parches estatales.

Como era de esperarse, una vez más fueron las compañeras y las organizaciones de diversidad, -porque esto también tengo que decirlo-  pareciera que nuestr*s muert*s solo son un tema con el rotulo de diversidad y no algo que debiera movilizar a la sociedad toda, las que salieron a reclamar y denunciar públicamente el abandono del Estado en el caso de Pamela.

Frente a esto, el subsecretario de diversidad sexual provincial  Esteban Paulón dijo a los medios que la provincia se constituiría como querellante en la causa judicial. Lo cual no fue más que otra estrategia mediática para hacer uso de nuestras muertes.

El querellante es la figura que prevé la normativa procesal penal para que quien fue agraviado como consecuencia  de un hecho delictivo pueda ejercer la acción penal conjuntamente con el Fiscal en busca del esclarecimiento del caso. El querellante tiene interés directo en la sentencia que se dicte y busca que se haga justicia.

El Estado nunca puede alegar su propia torpeza e ineptitud para excusarse de sus obligaciones. Si la provincia se constituyera como querellante caeríamos en el absurdo jurídico de que quien fue uno de los responsables de la muerte de Pamela diga que esa muerte le afecta porque no cumplió con sus propias obligaciones para evitar que esto sucediera.

Si la provincia se constituyera como querellante caeríamos en el absurdo jurídico de que quien fue uno de los responsables de la muerte de Pamela diga que esa muerte le afecta porque no cumplió con sus propias obligaciones.

No queremos respuestas efectistas, queremos que respondan por el abandono y la desidia hacia las compañeras. Queremos políticas públicas de verdad y que el Estado responda por lo que no hizo.

Nada nos devolverá a Pamela pero no vamos a permitir que usen nuestras muertes en su beneficio personal.-

*Coordinador del Instituto Diana Sacayán, activista.

 

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