El 26 de julio de 2017 Pamela Tabares fue asesinada a tiros en un camino rural de Pérez. A un año del crimen, los avances en la investigación son escasos, la fiscalía deposita las responsabilidades de la investigación en la comunidad trans organizada y el estado falló en su intento de ser querellante. 

 

El 26 de julio se cumple un año del asesinato de Pamela Tabares, la mujer trans que fue asesinada en un camino rural cercano al camping del Sindicato de Camioneros en Pérez. El cuerpo fue hallado con cinco impactos de arma de fuego, en las piernas, pecho y uno en el rostro que ingresó por la nariz. La noche anterior, Pamela había salido a trabajar con una amiga que le había abierto las puertas de su casa en barrio Las Flores porque atravesaba una situación difícil: hacía poco tiempo había fallecido su mamá y la habían echado de la pensión donde estaba viviendo.

Cuando su amiga regresó a la esquina, Pamela ya no estaba. A día siguiente, lo noticieros del mediodía anunciaban el peor final: con 35 años, su caso pasaba a engrosar la estadística vergonzosa en el promedio de vida para una persona trans en Argentina. Todes coincidían en que la situación de Pamela en los últimos meses se había tornado apremiante: necesitaba la asistencia del Estado de manera urgente. “Pamela venía pidiendo ayuda al Área de la Diversidad Sexual hacía un montón de tiempo, nosotras le venimos diciendo a la Municipalidad y a la provincia que este sector de la población travesti trans es el más vulnerado”,  recordó la dirigente trans Michelle Mendoza.

Durante el 2017, la investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal de homicidios Rafael Coria quien ordenó revisar las cámaras de seguridad del camping y de la empresa de energía Transener, aunque jamás trascendieron a la prensa los resultados. Dos semanas más tarde, Coria reveló que el día antes de muerte, Tabares intentó radicar una denuncia en la comisaría de la mujer aunque se retiró antes de poder concretarla. En esa ocasión, sus amigas contaron que tiempo atrás Pamela había realizado una denuncia por violencia de género aunque desde la fiscalía aseguraron que no se puede establecer una relación directa con el crimen.

En diciembre del mismo año, Coria fue ascendido a juez penal y la causa recayó en la fiscalía del Dr. Adrián Spelta, jefe de la unidad de homicidios dolosos, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona céntrica donde se la ve subir a un automóvil antes del hecho. Las imágenes fueron enviadas a la PDI, a la policía federal y a la gendarmería para su mejoramiento, siendo esta última fuerza de seguridad quien logra determinar el tipo de vehículo al cual se subió, aunque la información se mantiene reservada. Desde la fiscalía informaron además que Spelta se entrevistó “con el novio de la víctima” y actualmente están ordenando “medidas investigativas que determinen lo ocurrido desde que se subió al auto hasta el momento de hecho”.

La investigación no avanzó más. El Estado fracasó en su intención de ser querellante porque no existió en un principio una querella natural que los acepte. Cabe explicar: es necesario que primero la familia o una organización social que represente un interés colectivo se presente como querella. Y es esa defensa la que abre las puertas al Estado. A falta de una, no hubo ninguna. La Fiscalía, por su parte, depositó parte de sus responsabilidades en las travestis organizadas que se acercaban a conocer el estado de la causa: les pidió a elles que busquen testigos, que investiguen, que pregunten. “Un día volvimos muy indignadas. El fiscal nos pidió que juntemos todos los datos que pudiéramos aportar o averiguar de nuestra parte. Nosotras volvimos a la esquina y a la noche a hablar con nuestras compañeras, pero también vimos que no había otro interés en seguir investigando. Nosotras no somos investigadoras, ni policías, ni detectives, ni trabajamos en fiscalía. Eso me demostró una vez más que no había ningún interés en la Justicia en seguir investigando”, recuerda Karla Ojeda, de Comunidad Trans de Rosario.

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La comunidad trans rosarina organizó una protesta en las puertas de fiscalía para pedir justicia. 

“La mataron con odio y ensañamiento”

Pamela Tabares no tenía dónde vivir en julio de 2017. La habían echado de una pensión y una amiga que se la cruzó por la calle la invitó a vivir con ella. Pasaron las dos últimas semanas de Pamela juntas. Su amiga se enteró por el noticiero que la habían asesinado. Las crónicas de hace un año recogen el mismo recuerdo de la mujer trans: estaba en un estado de extrema vulnerabilidad, no tenía familiares, pedía ayuda a los gritos y sobre todo seguía soñando. “Ella siempre soñaba con un novio, un marido, con formar una pareja y tener alguien que la quiera y la contenga.  Soñaba con un chongo que la quiera”, recuerda Karla. Y agrega, para que quede claro, por si caben dudas: “Pamela siempre pedía que la quieran”.

El 26 de julio de 2017 Karla Ojeda se despertó con un llamado de su hermana, Mara. “Karla, por favor mirá el noticiero al mediodía porque mataron a una travesti acá en Rosario y me parece que es Pamela”, escuchó del otro lado del teléfono. Karla recuerda que enseguida entraron las redes de solidaridad y sororidad trava en acción: no habían identificado el cuerpo y sabían que podía ser cualquiera de ellas. “Lo que sufrimos y vivimos la población trans/travesti son los crímenes de odio: lo de Pamela no fue ni transfobia ni ajuste de cuentas. La mataron con odio y ensañamiento. Tenía 5 disparos en diferentes partes del cuerpo”.   Karla recuerda que el mismo 26 se definió la primera movilización y escrache. El 27 de julio las travestis y les compañeres se encontraron en la puerta del Ministerio Público de la Acusación y se abrazaron. Karla destaca: nos encontramos y nos abrazan. “Si a nosotras no nos abrazan les compañeres, no nos abraza nadie”.

Morena García se acuerda de la sala velatorio ese 27 de julio y no tiene palabras para describirla. “Tan lúgubre, tan escaso”, dice con sorprendente voz bajita. “Éramos muy pocas. Al punto tal que cuando dejamos la sala y fuimos al escrache, Pamela quedó sola en la sala velatoria. Fuimos, escrachamos en fiscalía, volvimos y me acuerdo de todas las travas compungidas. Fue un día de sol, pero fue un horror”.  Morena también forma parte de Comunidad Trans de Rosario y no conoció a Pamela en persona. No era eso, sin embargo, una condición para quedarse de brazos cruzados. “Cuando ocurre un travesticidio es un travesticidio social. El Estado es responsable, conozcas o no a la persona tenés el mismo sentimiento de sororidad. Nosotras nos sentimos hermanas, hermanadas en la forma de vida, en la discriminación, en los golpes”.

Morena y sus compañeras todavía esperan justicia por Pamela. A lo largo de este año pasó de todo. Entre ese todo estuvo la primera marcha contra los travesticidios en Rosario. También el fallo ejemplar por el travesticidio de Diana Sacayán. Morena lo trae a colación y advierte: es más de lo mismo. “Ella era conocida, militante. Pamela era random, como la mayoría de nosotras. La justicia para Pamela evidentemente se mide con otra vara. Las travestis todavía no somos sujetas de derecho, ni siquiera un juicio post-mortem podemos tener. La investigación se estancó y el fiscal nos mandó a investigar. ¡Como si tuviésemos las herramientas! Es un espanto”.

Para Michelle Vargas el travesticidio de Pamela Tabares fue una situación bisagra que sobre todo dejó expuesta la falta de políticas públicas para la atención integral de personas trans/travestis en situación de vulnerabilidad. “Pamela, antes de quedar asesinada en la vera de la ruta, había acudido varias veces al Estado. Pero no supieron contenerla ni orientarla y el resultado quedó a la vista”, remarcó. Esteban Paulón, subsecretario de Diversidad de la provincia, remarcó una y otra vez, hace un año y ahora, la responsabilidad del Estado y que más allá de todo lo que se viene haciendo, aún no es suficiente. La reparación histórica tarda en llegar. Y las problemáticas tardan en cambiar: consumo problemático, trabajo, vivienda y un preocupante promedio de vida siguen siendo el horizonte del trabajo al que se aboca el Estado.

Michelle compartió pensiones y calle con Pamela. Dice lo que le importa: que era buena persona. Y que por eso quedó shockeada y dolida al ver cómo murió. Sin embargo, no le sorprende. “Las políticas públicas para nuestro colectivo son una materia pendiente de todas las instituciones. Peleamos por la vivienda, el trabajo, acceder al sistema de salud. Y mientras tanto, hay compañeras que la pasan mal”.

Karla se siente en este 2018 como hace un año: es, primero, una pregunta. Un hasta cuándo la angustia y la tristeza, hasta cuándo seguimos sin tener los mismos derechos, hasta cuándo excluidas, hasta cuándo el Estado va a seguir dándole(s) las espalda. Michelle Vargas suspira cuando piensa que pasó un año del travesticidio de Pamela Tabares. “Que no haya justicia para Pamela es feo”, dice, simple, contundente. Suspira, se siente el aire a través del teléfono. Es la furia trava. “Es feo porque la persona que la mató tendría que estar presa”.

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Frente a los medios de comunicación y autoridades políticas las chicas trans denunciaron el caso de Pamela como un travesticidio social. 

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