Nadie escuchó gritar a Pamela Tabares

A tres años del fusilamiento de la mujer trans en un camino rural de Pérez, la investigación cayó en un cono de sombras y no presenta avances desde el 2018. ¿Por qué no se habla de travesticidio en la causa? ¿Qué hizo el Estado para ayudarla antes y qué hizo con su muerte después? Un megáfono, una marcha pidiendo justicia, un mural que recuerda su imagen, y el fantasma de la impunidad que se agiganta con el paso del tiempo.

Por Martín Paoltroni

¿Qué cuerpo hay que tener para que una historia trascienda? ¿Qué piel? ¿Qué tipo de ojos? ¿Qué vidas y qué muertes valen para el Estado, para el Poder Judicial, para la sociedad? Tengo casi cuarenta años y todavía no empecé a vivir. La frase pertenece a Pamela Tabares y se la dijo a Michelle Mendoza alguna vez mientras conversaban. No eran amigas pero se conocían, en el ambiente de las travas casi todas se conocen. Pamela no participaba de espacios políticos pero compartían un mismo territorio: la calle donde ambas realizaban trabajo sexual y Michelle ejercitaba la persistencia militante.

Al momento de su muerte Pamela tenía entre 35 y 36 años, el promedio exacto de vida para una persona travesti-trans en Argentina. El dato se desprende de la primera investigación sobre las condiciones de vida del colectivo de la T publicada en el 2005 por Lohana Berkins y Josefina Fernández bajo el título de “La gesta del nombre propio”. Es difícil saber con certeza si esa edad se mantiene. Lo cierto es que las estadísticas oficiales y, sobre todo, la tipificación que hace el Estado sobre la mayoría de esas muertes terminan por ocultar las verdaderas causas.

A Pamela la mataron. Su cuerpo fue hallado en un camino rural cercano al camping del Sindicato de Camioneros de Pérez con cinco impactos de bala: en las piernas, en el pecho y uno en el rostro, que ingresó por la nariz. Fue el 26 de julio del 2017. Esa noche salió a trabajar con una amiga que le abrió las puertas de su casa en barrio Las Flores. Estaba pasando una mala situación. Desde la muerte de su mamá las cosas se habían complicado, hasta la habían echado de la pensión en donde vivía. El resto es historia repetida: rodó entre oficinas del Estado con ayudas que no alcanzaron para detener un destino que no debería ser inexorable.

El crimen transformó en nubarrón de tormenta la sospechosa paz de aquellos días. ¿Cuánto tiempo había pasado entre la última intervención de un área de gobierno y el asesinato? La noticia encendió una alarma y desató la furia de las organizaciones lgbtiq+ que el 28 de julio –un mes después del Día del Orgullo– se manifestaron en las puertas del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. “Las travestis somos hijas de los heteros y huérfanas del Estado”, dijo Morena García, militante de comunidad travesti-trans durante la movilización. Los medios de comunicación, ajenos el resto del año a la vida de las travestis, se agolparon en la vereda para registrar el piquete.

Nos convocamos dos días después del travesticidio frente a la fiscalía para estar presentes y pedir justicia. Habremos sido unas cincuenta o sesenta personas. Eso marca muchísimo que la problemática todavía no está visible, no llega a la gente porque para muchas personas sigue siendo una trasveti y es como decir que si vos elegiste ser trava, si vos elegiste trabajar en la calle, bueno, te iba a tocar”, escribió Karla Ojeda dos semanas después en un artículo titulado “La Brillito, historia de otro abandono”, publicado en la revista La Tetera.

Militantes y activistas LGTBIQ+ durante la movilización frente al MPA el 28 de julio del 2017

Aquella mañana los ánimos estaban caldeados. El asesinato de Pamela marcó un punto de inflexión. Al silencio que había imperado durante tanto tiempo sobre la precariedad de la vida trans, se oponía ahora la urgencia de una reorganización colectiva para encausar la furia. Al menos eso fue lo que sentimos algunos cronistas al ver la ronda de travestis, tortas y putos que se agolparon con banderas arcoíris y pancartas que decían “Abandono del Estado = homicidio”, “Municipalidad, otra muerte trans en tus manos” y “Subsecretaría, ¿dónde estabas?”. A eso se sumaron algunas militantes feministas y organizaciones políticas que fueron testigas de la confrontación pública más explícita entre un funcionario del Estado y militantes de la diversidad sexual que haya recordado el ambiente local.

El funcionario era Esteban Paulón, un histórico activista gay y militante del Partido Socialista titular de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual creada durante el gobierno de Miguel Lifschitz. La flamante área dependía del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe a cargo del radical Mario Álvarez, quien en sus años como diputado nacional había votado en contra del Matrimonio Igualitario pero ahora mostraba una reconversión amistosa hacia la diversidad.

El episodio comenzó cerca del mediodía cuando los canales de televisión comenzaron a emitir en vivo y en directo el reclamo frente a la sede del MPA, donde tenía sus oficinas el fiscal a cargo del caso Rafael Coria. En un extremo de la vereda, Paulón dialogaba con los medios sobre las implicancias políticas y sociales de la situación, cuando los gritos de las manifestantes irrumpieron y captaron la atención de las cámaras. Megáfono en mano, Michelle Vargas Lobos lo desafió:

Michelle: Siempre nos dicen lo mismo, Esteban.

Esteban: Estamos permanentemente en contacto con ustedes.

Michelle: ¿Y qué pasó con Pamela?

Esteban: Vamos a averiguarlo ahora, vamos a hablar con el fiscal…

Michelle: ¿Pero dónde estaba la Subsecretaría de Género?

Esteban: La Subsecretaría estuvo acompañando. Pamela estaba participando en un dispositivo que es La Estación. Estamos planificando con el Programa Andrés y las organizaciones un dispositivo de inclusión laboral a través de cooperativas para acompañar a las compañeras con problemas de consumo. Hay un montón de iniciativas que se están haciendo que probablemente no alcancen. A la Subsecretaría, Pamela llegó una vez para una derivación con el Área de la Diversidad. Nosotros no nos corremos de la responsabilidad y la provincia va a participar de la querella en este caso…

Michelle: Pamela fue al Área, fue a la Subsecretaría, eso lo sabemos todas.

Esteban: Vino una vez y se la derivó. Estamos trabajando en un dispositivo, sabemos que no alcanza y nos hacemos cargo.

Michelle: Pamela está muerta, Esteban. Y vos sabes muy bien que vos defendés al Estado que sos para la población LGBT y no estuvieron presentes, por eso Pamela está muerta. Y nosotras las compañeras, por más que vos digas lo que digas, sabemos qué es lo que pasó porque nosotras somos compañeras de Pamela y muchas de nosotras hemos acudido a pedir ayuda y no nos dan ayuda, Esteban. Es la realidad. Lo que vos digas, lo que vos quieras decir, no se ve plasmado en nuestra situación, Esteban. A las chicas les siguen pegando, se siguen muriendo. ¿Dónde está el Estado entonces?

La escena creció en intensidad frente a la mirada ajena de los transeúntes y el interés repentino de los medios en aquello que parecía la interna de un movimiento heterogéneo exponiendo las fisuras y contradicciones de distintos sectores. Y aunque la conversación pareció transformarse en una deriva de acusaciones cruzadas y rostros nerviosos, sirvió para poner sobre la mesa algunas preguntas. ¿Qué había hecho el Estado mientras Pamela vivía y pedía ayuda? ¿Qué papel empezaría a jugar a partir de ese momento a través de la justicia para encontrar las responsabilidades del caso?

Diversidad y Estado, asuntos encontrados

La sensación generalizada que se escuchaba en los ambientes políticos de la diversidad es que si bien era cierto que se habían creado herramientas desde el Estado para abordar los círculos de expulsión, la respuesta había llegado tarde, o había llegado mal, o no era suficiente para contrarrestar toda una vida de profundas desigualdades. Existía en Argentina una Ley de Identidad de Género, pero en algunos casos su importancia quedaba desdibujada por la enorme complejidad que suponía diseñar políticas públicas con un anclaje real en el modo de vida travesti-trans.

A tres años del episodio que lo puso en el centro de los reclamos, Esteban Paulón reconoció las limitaciones para actuar que tuvieron los distintos niveles de gobierno: “Recuerdo la conmoción de la noticia porque fue un caso bastante sonado, sentir la impotencia de algo que no pudiste hacer nada, con una angustia grande. Intentar participar en la causa, la gestión que se hizo en la fiscalía con las organizaciones, el famoso día del megáfono”.

El exfuncionario no desconoce que el caso de Pamela evidenció las dificultades para encontrar soluciones estructurales a las condiciones de vida de una trans en situación de extrema vulnerabilidad. “La intervención que había tenido la Subse con Pamela había sido a través de la Dirección de Diversidad. Ella nunca había estado en persona en la oficina nuestra por eso en aquel momento no ubicábamos mucho el caso, sí a algunas de las chicas, de las amigas de ella. La Muni nos había pasado alguna demanda, alguna necesidad, y alguna que otra cosa se había tejido”, comentó.

Esteban Paulón durante la discusión pública con las chicas trans. Archivo: diario El Ciudadano y la Gente. 

En efecto, el primer contacto que Pamela tuvo con el Estado fue a través del Área de la Diversidad Sexual que conducía la psicóloga Noelia Casati. Aunque el acceso a esos registros está vedado a la prensa, se pudo saber que la atención del municipio estaba vinculada a demandas concretas sobre temas de salud, alimentación y vivienda. En ese entonces también se rumoreaba sobre la renuncia de la funcionaria, hecho que se confirmó una semana después y que fue explicado de manera formal como un acuerdo por la elevación del espacio a la categoría de Dirección Municipal.

Aunque Casatti se encargó de dejar en claro que su salida no tuvo que ver con el travesticidio de Pamela Tabares sino con temas presupuestarios y con la dificultad para conformar un equipo de trabajo, la coincidencia dejó plasmada la idea de que la titular del área se alejaba por las resonancias del caso. Martín Clapié, el actual titular de la Dirección de Diversidad Sexual, lamenta que el traspaso de mando se haya teñido con aquella confusión.

Para Clapié, la historia de Pamela puso de relieve las dificultades para construir algún tipo de acompañamiento estatal que pueda suplir parcialmente la falta de una red afectiva o familiar, si es que tal cosa es posible de ser suplantada. “Esta situación hizo visible una instancia que no es novedosa pero que tiene que ver con una de las dificultades más grandes de acompañamiento. Cuando hablamos de colectivos que vienen con este historial de expulsión de las instituciones, con dificultades para habitar los espacios públicos, con dificultad para formar parte de las tramas de lo social que están más legitimadas, nos plantean muchos desafíos”.

Michelle Vargas Lobos hoy recuerda ese día casi con la misma consternación que le produjo la noticia de la muerte de Pamela. “Fuimos las travas las que estuvimos acompañando en el velorio, estábamos solas. Al otro día tuvimos que dejar el cuerpo solo en la sala velatoria para ir a protestar en la fiscalía, ese fue el famoso día del megáfono. Estábamos bastante enojadas, con bronca, con dolor, todavía seguimos así. Pamela era una compañera que la conocíamos, la queríamos, Pamela era muy particular. Nosotras sabíamos que ella venía pidiendo acompañamiento a las diferentes dependencias del Estado. Yo creo que eso fue lo que más dolió, que ella venía pidiendo”.

Aquella mañana después de la protesta en la fiscalía, una caravana encabezada por las amigas de Pamela junto a las referentes travestis–trans marchó hasta el velorio que se realizaba a unas pocas cuadras de allí. Una vez más la travesti había quedado sola mientras se buscaba algo de justicia en algún lugar. Era un mediodía soleado y frío. Los rostros conocidos de les activistas servían como escudo a los gritos poco empáticos de los conductores de autos siempre apurados y ajenos al mundo. La procesión tuvo sus idas y vueltas, una calle equivocada, una dirección incorrecta, hasta que finalmente la organización colectiva reencausó el destino.

Después de la protesta frente al MPA, una caravana marchó hasta el velorio de Pamela Tabares. Archivo: Sin Cerco

Sin embargo, casi nunca hay un lugar al cual llegar definitivamente y entonces una pregunta brotó de manera incesante: ¿Y a partir de ahora qué? La muerte era un hecho y la bronca de saber que el travesticida amasaba su impunidad echó sal en la herida y abrió más interrogantes: ¿Quién o quiénes se encargarían de velar por la justicia en esta historia?

El viernes 28 de julio, el diario La Capital de Rosario tituló:

La novedad despertó algunas sospechas. En un artículo publicado en La Tetera, el abogado Walter Rojas, presidente del Instituto Diana Sacayán, lo consideró inapropiado: 

“El querellante es la figura que prevé la normativa procesal penal para que quien fue agraviado como consecuencia de un hecho delictivo pueda ejercer la acción penal conjuntamente con el Fiscal en busca del esclarecimiento del caso. El querellante tiene interés directo en la sentencia que se dicte y busca que se haga justicia. El Estado nunca puede alegar su propia torpeza e ineptitud para excusarse de sus obligaciones. Si la provincia se constituyera como querellante caeríamos en el absurdo jurídico de que quien fue uno de los responsables de la muerte de Pamela diga que esa muerte le afecta porque no cumplió con sus propias obligaciones para evitar que esto sucediera”.

La propuesta de los funcionarios de la Subsecretaría solo quedó en algunos intentos infructuosos por conseguir testigos que aporten datos a la investigación. “La única instancia que se puede presentar como querella dentro del Estado es el Centro de Acceso a la Justicia. El CAJ selecciona los casos, no querella en todos porque sería una locura imposible de cubrir. En el caso de Pamela sí accedió, alguna acción hizo, y nosotros habíamos quedado en que íbamos a hacer alguna asistencia. Pero cuando se precisa que se aporte algo de información, ahí nos encontramos con el atolladero, a mí me tocó hablar con muchas de las chicas personalmente para explicarles”, recordó Paulón.

El ex funcionario asegura que hay sospechas fundadas para creer que el asesino se encuentra en el ambiente que transitan las chicas y que el miedo, la impunidad, la falta de garantías y la creencia de que nadie va a investigar porque a fin de cuentas a pocos les importa terminaron por desvanecer las pretensiones de justicia.

En la vereda de enfrente, Michelle mantiene una postura crítica en relación al accionar de la ex subsecretaría y de la justicia santafesina por entender que la investigación del caso no podía recaer exclusivamente en las organizaciones trans, y menos aún si no existían garantías probadas de resguardo a las testigas.

“Me acuerdo que nos llamó el fiscal porque querían que nosotras tratemos de recabar información, datos y que las chicas puedan denunciar lo que sepan para que se pueda avanzar en la investigación. Esto no se pudo hacer porque las chicas que nosotras pensábamos que podían llegar a saber algo no denunciaron por miedo. Creo que las chicas que estuvieron ese día con Pamela podrían haber aportado muchas cosas, yo creo que sabían lo que había pasado, pero no tuvimos la garantía para que las chicas puedan denunciar y no tuvimos el acompañamiento que se necesitaba”.

Al igual que Paulón, Michelle también considera que en el entorno de la víctima había más información para avanzar en la causa pero la desidia estatal, o el desinterés que generó el caso a medida que pasó el tiempo, sirvieron como excusa para dejar la investigación en un punto muerto.

La falta de voluntad que hubo está a la vista, es increíble, pero siempre es más fácil tirar la pelota para el otro lado. En un momento nos dejaron entrever que nosotras estábamos haciendo mal el trabajo de investigadoras por eso las chicas se negaban a ir a hablar. Nosotras teníamos que ir a averiguar tipo policía a ver si alguna sabía algo. No solamente nos tuvimos que hacer cargo de la muerte de Pamela, de gestionar una sala velatoria, un cajón, de ir a enterrarla, de ir a la fiscalía, de luchar por nuestras vidas, porque también nosotras tenemos una vida de mierda”.

Tres años sin justicia

La investigación por el crimen de Pamela Tabares tuvo una pequeña marcha y largos años de silencio sin ningún tipo de avance. En la actualidad, el caso está congelado y sumergido en un cono sombrío que refleja el machismo de la justicia santafesina. ¿A quién le interesa esclarecer el asesinato de una travesti ocurrido hace casi tres años y en el que no hay familiares directos que se ocupen del tema?

En el 2017, la causa recayó en manos del ex fiscal Rafael Coria y fue caratulada como homicidio agravado por saña y alevosía. El funcionario había asegurado que la tipificación podía cambiar si aparecían pruebas que demuestren algún vínculo con la identidad travesti de Pamela. Aunque evitó hablar de “travesticidio” o “transfemicidio”, dijo conocer el contexto social en el que se desenvuelve la vida del colectivo trans y descartó la hipótesis de muerte en ocasión de robo porque con el cadáver fueron encontradas todas sus pertenecías.

Entonces, si el fiscal aseguraba conocer las características de exclusión social y descartaba el robo ¿por qué se negaba siquiera a mencionar la motivación de género como un elemento a tener en cuenta? ¿Cinco tiros no despiertan la sospecha del odio con el que Pamela fue ejecutada en medio de la noche? Además, si se trataba de una trabajadora sexual que fue vista por última vez subiéndose a un auto antes de aparecer muerta ¿no existen acaso indicios para pensar el nexo entre su actividad laboral no reconocida y el asesino? ¿Acaso esta situación no lleva también el nombre de violencia de género?

Una de las primeras medidas anunciadas en el fragor de la protesta fue revisar las cámaras de seguridad del camping del Sindicato de Camioneros de Pérez y de la empresa de energía Transener ubicadas a pocos metros de donde fue encontrada. Los resultados nunca trascendieron. Dos semanas más tarde, Coria reveló que Pamela intentó radicar una denuncia por violencia de género en la Comisaría de la Mujer pero se retiró antes de concretarla. ¿Qué tenía para decir Pamela que tampoco fue escuchado? Una vez más, la fiscalía se apuró en aclarar que todavía era muy prematuro establecer alguna conexión con el crimen.

En diciembre del 2017, Rafael Coria fue ascendido a juez y la causa quedó en manos del Dr. Adrián Spelta, jefe de la unidad de homicidios dolosos. A partir de allí se produce al menos la última acción de la que se tuvo noticia. Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que se ordenó un relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona céntrica donde se la ve subir a un automóvil antes del hecho. A su vez, explicaron que las imágenes fueron enviadas a la DPI, a la policía federal y a la gendarmería para su mejoramiento.

También señalaron que Spelta se reunió con “el novio de la víctima” y que se estaban realizando “medidas investigativas que determinen lo ocurrido desde que se subió al auto hasta el momento del hecho”. Desde ese entonces, el área de prensa del organismo judicial no emitió más información, por lo que se pudo inferir que la investigación quedó paralizada. Este hecho se confirmó a principios de junio del 2020 cuando frente al requerimiento de información repitieron casi de manera idéntica la información suministrada dos años atrás aunque con un dato que no resulta menor: “Se logró la identificación de un vehículo en el cual la víctima se subió al ser vista con vida por última vez, hay medidas de reserva en relación a eso”.

Después de esto, lo que sigue en esta historia oscila entre el abismo en el que se convierte el Poder Judicial cuando ingresa en los subterfugios de su propio mundo, y la falta de formación para encarar un proceso que pueda llevar algo de justicia a la comunidad travesti rosarina. Para Luciana Sánchez, la abogada que representó a la querella en el juicio por el travesticidio de la activista Diana Sacayán, son los propios jueces y fiscales quienes carecen de las herramientas técnicas para comprender qué es un travesticidio o un transfemicidio.

¿Cómo explicarle a los abogades que este asesinato tiene que ser investigado como un transfemicidio?, se pregunta y se responde la propia abogada.

Una herramienta que siempre es útil es el Protocolo de Naciones Unidas para la investigación de muertes violentas de mujeres. Ahí se describe un enfoque general que debe tenerse para investigar y que vincula diversos niveles de discriminación y violencia que interactúan para producir ese tipo de violencia letal que es muy específica.

El travesticidio es una forma de violencia letal, es un proceso, entonces lo primero que hay que entender es eso: así como la violencia de género, doméstica, contra las mujeres es un proceso que tiene un ciclo, el travesticidio también tiene un ciclo y unas características propias. Y en los dos casos se trata de violencia letal. En el caso del travesticidio es violencia letal en sí misma porque sabemos que las compañeras travestis y trans mueren entre los 35 y 40 años de travesticidio social o criminal.

Luciana remarca también que otra de las características de la violencia travesticida es que los perfiles de las personas que son asesinadas son similares a los de otras personas de la comunidad que mueren por causas evitables: “Las personas que mueren por el travesticidio social son muy parecidas a las que mueren de travesticidio criminal. ¿Qué nos indica esto? El enorme impacto de la violencia estructural en el travesticidio criminal”. También agrega que en estos casos el asesino se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad para justificar la violencia.

Sobre el caso de Pamela Tabares, y con escasos elementos de análisis, considera que la identidad de género debería al menos ser considerada como uno de los factores a estudiar en detalle para establecer la motivación: “En este caso está claro que se trata de una trabajadora sexual y además de una mujer trans, por lo cual hay dos factores de vulnerabilidad específicos que tienen que ver con el género y con la identidad de género que ya en sí mismos tienen que prender una alarma”.

En este sentido, Luciana es clara: “Lo que hay que probar en un homicidio es la intención de matar. Acá la intención estaba clara. La otra cuestión es: ¿Había un motivo de la identidad de género o un motivo de violencia de género o ambos? En el caso de Diana Sacayán hubo ambos, mediando violencia de género y además un motivo en la identidad de género”.

¿Cómo debería ser investigado y juzgado el caso?

En este caso, en términos del protocolo, te diría que se trata en principio de un femicidio sexual y también de una travesticidio porque se da el contexto de un levante en una escena de prostitución. Además, la víctima es llevada a una zona rural y allí fusilada de una manera… Esto no le sucede a una persona por fuera de su identidad de género o solo por ser trabajadora sexual. Y eso es obligación de la fiscalía indagarlo.

Ilustración: Franco Rasia 
Agradecimientos especiales:  Laura Hintze, Karla Ojeda y Gaspar Guardia. 

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1 comentario en “Nadie escuchó gritar a Pamela Tabares”

  1. Fue horrible lo que le hicieron a Pamela en 2017. Si te sales de la hetronorma estás expuestx a los ataques LGBTfobos. Debemos construir movimientos más fuertes y para ello tenemos que dejar atrás esa época de individualismo exacerbado de la que venimos. Las personas que no respondemos a lo que el heteropatriarcado esperaría de nosotras tenemos que estar más organizadas, al menos tanto como la gente conservadora, que se reúne un rato todos los fines de semana en sus templos. En torno a una religión atea/agnóstica, no dogmática, feminista, antirracista, ecologista y aliada de los movimientos LGTBIQ, lo conseguiríamos, y seguramente se formarían muchas comunidades. En infiinito5.home.blog escribo sobre ella.

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